En todo el país, en materia de seguridad, no abundan las buenas noticias. Y cuando las hay, se mantienen en reserva debido a que la sociedad cree que los funcionarios les mienten o manipulan los números porque viven o sienten otra realidad. Los índices de homicidios son los mejores parámetros para analizar la inseguridad por una sola razón: las víctimas no se pueden ocultar y no hay cifras en negro. En Tucumán, en lo que va del año, los crímenes han disminuido casi un 50% con respecto al 2021.

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Según los informes oficiales de la Justicia, corroborados con las estadísticas que lleva LA GACETA, hasta el 30 de junio de 2021, se registraron 64 homicidios. En este año, la cantidad de asesinatos contabilizados hasta ayer, es de 34. Esta tendencia podría generar que por segundo año consecutivo disminuyan las cifras de muertes violentas. En 2020, se informaron 155 casos, el año pasado 105 y ahora, si se llegara mantener esta tendencia, no superaría los 100.

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En las estadísticas hay dos números que están en verde y son los que más preocupan a la sociedad. En el primer semestre de 2021 hubo 19 homicidios en situación de robo; en lo que va del año, siete. Estos son los “crímenes de la inseguridad”, los que manejan la agenda y los que definen la suerte de los funcionarios del área. Otro dato: por primera vez desde que se realizan estos registros, no hubo un femicidio. Tucumán y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son los únicos territorios del país en los que no se contabilizaron crímenes de género de manera directa. Pero también hay un número en rojo que debería preocupar a las autoridades. Las disputas por cuestiones de drogas, con 10 casos, son las que más crímenes generaron en estos casi seis meses de 2022.

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Pregunta clave

Los especialistas, por ahora, no tienen una respuesta precisa para determinar por qué sigue bajando la tasa de homicidios. La teoría del efecto postpandemia no se puede aplicar en la provincia, porque en Tucumán pasó todo lo contrario a la realidad nacional. En 2020, el año del encierro, en vez de bajar, los índices aumentaron. En 2021, cuando en todo el país crecieron los números de crímenes, en estas tierras bajaron, tendencia que se mantiene en lo que va del 2022. Según los informes de la Nación, durante 2019 y 2020, Tucumán fue la segunda provincia más violenta del país, después de Santa Fe, cuyos registros se alimentan fundamentalmente de las muertes en Rosario. En el primer semestre, en la “Chicago Argentina”, ya se contabilizaron 125 homicidios, es decir, casi cuatro veces más que aquí.

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El gobernador interino Osvaldo Jaldo está muy atento a esos números. Sus funcionarios y asesores los usan para demostrarle que esos números tienen que ver con la inversión que realizó en los últimos tiempos. Desde que se hizo cargo del PE nombró a más de 1.000 efectivos en la Policía (representa un 10% del total de la fuerza) y sumó 100 móviles al deficiente parque automotor azul. Para algunos, la mayor presencia policial en la calle sirvió para disminuir los crímenes en la provincia. Pero esa hipótesis choca con otra realidad: en la capital se registraron 17 homicidios, de los cuales 11 fueron al sur de la avenida Roca, es decir, hay zonas que no están bien cubiertas o que necesitan mayor presencia de uniformados.

Debate sobre la efectividad de la seguridad

Otros analistas sostienen que la aplicación del nuevo código procesal ayudó a disminuir esta tendencia utilizando dos ejemplos. En lo que va del año, se dictaron más de 650 condenas en causas de violencia de género y esa es una de las principales razones por las que no hubo un femicidio directo en 2022. “Ya no estamos hablando de medidas de protección, sino de penas que son un freno para los violentos”, indicó una fuente judicial. La persecución penal contra las personas que delinquen también generó un doble efecto. Por un lado, ahora saben que tendrán un castigo. Pueden terminar en la cárcel o, si recibieron una condena condicional, reincidir los llevará a prisión. Por el otro, esas personas podrían haberse volcado a otras actividades ilícitas, como la comercialización de sustancias prohibidas, la cual alimenta una pelea por el dominio territorial y genera olas de muertes vinculadas a este tema.

El desafío será al menos mantener estos números. Para que eso ocurra, será necesario reforzar la tarea de prevención y seguir sumando y optimizando los recursos para que la Policía pueda cumplir con su misión. Los avances fueron notorios, pero no suficientes. También las autoridades de los tres poderes del Estado deberán apuntalar el sistema judicial para que el nuevo código procesal no termine colapsando, como muchos sostienen que sucederá si no se lo refuerza en el corto plazo.